Lima: Horizonte, 295 págs.
Por Manuel Paz y Miño
Esta obra contiene un prólogo de los 2
editores y 25 artículos o ensayos escritos por 28 autores (de los campos de la
historia, la sociología, la economía, la antropología, la comunicación, el
psicoanálisis, la filosofía, la literatura, el arte) sobre la reciente historia
política peruana desde el 7 de diciembre de 2022 a marzo del 2023 (p. 13, 86).
Según el prólogo, el libro al aglutinar
profesionales de las ciencias sociales y las humanidades, trata de entender
nuestra realidad reciente concreta, “los eventos políticos, militares, sociales
e ideológicos que estremeciera gran parte del país, especialmente el sur
peruano” (ídem) usando ciertamente las categorías correspondientes de tales
disciplinas. Todos trabajan en Lima, excepto tres autores y otros cuatro estudian
posgrados en el extranjero (p. 285-295). Así, ninguno vive en provincias.
El primer artículo (p. 23-38) y el último (279-283)
hacen un diagnóstico de la crisis nacional que estamos viviendo. La mayoría de
los textos tratan de interpretar los sucesos que se iniciaron ese día cuando el
presidente del Perú, Pedro Castillo, iba a ser interpelado en el Congreso por
incapacidad moral. En lugar de presentarse leyó tembloroso desde Palacio de
Gobierno un discurso en el que anunciaba el cierre del Congreso entre otras
medidas las cuales ninguna se cumplieron, por el contrario, su misma escolta
policial lo detuvo al intentar refugiarse en la embajada mexicana y a la media
hora, sin la cantidad de votos reglamentarios lo vacaron. Un autor baraja
posibles causas del fallido cierre nominal (p. 123-126), otro califica a éste
de irracional (p. 178, 180, 183), uno
más lo llama “jugada individualista” debido a “sus propias malas decisiones y
juntas” (p. 195), y dos autoras califican de intento suicida su “autogolpe de Estado”
(p. 226).
Inmediatamente se le acusó de golpista por
lo cual a la fecha sigue detenido esperando su proceso judicial. Por ello, se
iniciaron manifestaciones, protestas, bloqueos de carreteras y tres marchas
provincianas provenientes sobre todo del sur hacia Lima quiénes se reflejan en
Castillo, un hombre rural a quien apoyaron con sus votos (p. 176-177, 184, 185),
por lo que reclamaban su restitución como mandatario, la renuncia de su
vicepresidenta y ahora sucesora, la abogada apurimeña y quechuahablante, Dina
Boluarte, y una nueva Constitución. Todo lo cual produjo un saldo de más de 100
muertos, mayoritariamente civiles, incluyendo menores de edad y no
manifestantes, pero también militares y un policía además de cientos de heridos
entre todos ellos.
La primera mujer presidente de la historia
del Perú, y que “será recordada como una asesina” (p. 206), justificó la
represión contra los manifestantes al calificarlos como azuzados por
terroristas que quieren desestabilizar el país y tomar el poder. Lo que ahora
se conoce como terruqueo y se lo utiliza para desprestigiar y
criminalizar las protestas y reclamos populares (p. 97-100, 151-152, 155-156,
194, 231-234, 247-254). Y más grave aún para tildar como terrucos a los
habitantes que sufrieron la subversión y la represión armadas por parte incluso
de profesionales prejuiciados y fanatizados.
Hay autores que claramente interpretan todo
eso como producto de la lucha de clases (p. 54-55, 67-82, 244-245), un fenómeno
histórico y mundial según el materialismo histórico marxista y varios tildan de
fascista al gobierno actual por las masacres (p. 18). Pero también una lo
entiende también como consecuencia de un racismo que viene de la época del
coloniaje español (p. 39-50) en dónde incluso se cuestionó la humanidad de los
mal llamados indios, es decir, de los habitantes originarios del Tawantisuyo,
el imperio inca dominado política, económica e ideológicamente por los
españoles (p. 96-97). Racismo que continuó en la República (p. 173-174). Pero
el racismo no es lo principal (p. 66).
También se habla de “abolir el Congreso, el
Poder Judicial, controlado por las élites mafiosas, el Poder Ejecutivo,
limeñizado y elitista, y desfinanciar a las fuerzas militares y policiales para
transformarlas” (p. 48-49).
Una autor hace evidentemente una
apreciación psicoanalítica al hablar de bio y necropolítica en relación al caso
peruano (p. 256, 260, 262-263, 266-267). Y otro analiza psicológicamente su
violencia (p. 268-275).
Hay quienes no dudan en decir que Castillo
estaba mal preparado para ser presidente y mal acompañado y asesorado (p.
192-193), y que evidentemente no hizo ningún cambio significativo al no cumplir
sus promesas electorales (p. 58-61). Y, claro, eso explica también su
corrupción nimia. No obstante, ante la pública reunión, dos días antes del
golpe contra Castillo, de la embajadora estadounidense Kenna, ex agente de la
CIA, con Bobbio, el entonces Ministro de Defensa de (p. 100-101), se plantea la
tradicional injerencia norteamericana en su patio trasero (p. 62).
Se hace referencia a la reforma agraria de
1968 del general Velasco que “liberó a los campesinos de los señores feudales”
(p. 37) y que su régimen fue “un momento de recuperación de la dignidad
nacional y de humanización de los pueblos originarios y de la clase trabajadora”
(p. 42) pero no se menciona la masacre producida durante tal gobierno militar en
1969 de 100 estudiantes de la provincia de Huanta en el departamento de Ayacucho
a manos de los policías por protestar ante el decreto de cobrar 100 soles a los
alumnos que desaprobaban un curso.
Un autor no sabe cuánto tiempo durará “este
nuevo ciclo histórico” de protestas y movilizaciones (p. 205). Se puede no ser
optimista de lo porvenir o, peor, no se sabe qué vendrá (p. 144). Pero es claro
que las tres supuestas tomas de Lima no lograron la renuncia de Boluarte y
menos aún las demás exigencias aunque atrajo a sus filas a gente que sin duda
no es de izquierda como la abogada y comunicadora Rosa María Palacios.
Y aunque inicialmente la CGTP respaldó a
Boluarte (p. 78-79), y luego programó un paro nacional, para que renunciara, el
9 de febrero del presente año 2023, al momento de escribir estas líneas su
secretario general López ha cuestionado la invitación a las organizaciones
sociales a la reunión del Acuerdo Nacional convocada por el primer ministro Otárola,
para fines de agosto pues la presidenta hace caso omiso a la demanda ciudadana
que pide su renuncia lo que ayudaría a la pacificación del país.
Sin duda, una medida más efectiva hubiera
sido un paro indefinido de los diversos sindicatos nacionales.
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