Reseña: Gustavo Montoya y Homero Quiroz (eds.). Estallido popular. Protesta y masacre en el Perú, 2022-2023.

Lima: Horizonte, 295 págs.

Por Manuel Paz y Miño

Esta obra contiene un prólogo de los 2 editores y 25 artículos o ensayos escritos por 28 autores (de los campos de la historia, la sociología, la economía, la antropología, la comunicación, el psicoanálisis, la filosofía, la literatura, el arte) sobre la reciente historia política peruana desde el 7 de diciembre de 2022 a  marzo del 2023 (p. 13, 86).

Según el prólogo, el libro al aglutinar profesionales de las ciencias sociales y las humanidades, trata de entender nuestra realidad reciente concreta, “los eventos políticos, militares, sociales e ideológicos que estremeciera gran parte del país, especialmente el sur peruano” (ídem) usando ciertamente las categorías correspondientes de tales disciplinas. Todos trabajan en Lima, excepto tres autores y otros cuatro estudian posgrados en el extranjero (p. 285-295). Así, ninguno vive en provincias.

El primer artículo (p. 23-38) y el último (279-283) hacen un diagnóstico de la crisis nacional que estamos viviendo. La mayoría de los textos tratan de interpretar los sucesos que se iniciaron ese día cuando el presidente del Perú, Pedro Castillo, iba a ser interpelado en el Congreso por incapacidad moral. En lugar de presentarse leyó tembloroso desde Palacio de Gobierno un discurso en el que anunciaba el cierre del Congreso entre otras medidas las cuales ninguna se cumplieron, por el contrario, su misma escolta policial lo detuvo al intentar refugiarse en la embajada mexicana y a la media hora, sin la cantidad de votos reglamentarios lo vacaron. Un autor baraja posibles causas del fallido cierre nominal (p. 123-126), otro califica a éste de irracional (p. 178, 180, 183),  uno más lo llama “jugada individualista” debido a “sus propias malas decisiones y juntas” (p. 195), y dos autoras califican de intento suicida su “autogolpe de Estado” (p. 226).

Inmediatamente se le acusó de golpista por lo cual a la fecha sigue detenido esperando su proceso judicial. Por ello, se iniciaron manifestaciones, protestas, bloqueos de carreteras y tres marchas provincianas provenientes sobre todo del sur hacia Lima quiénes se reflejan en Castillo, un hombre rural a quien apoyaron con sus votos (p. 176-177, 184, 185), por lo que reclamaban su restitución como mandatario, la renuncia de su vicepresidenta y ahora sucesora, la abogada apurimeña y quechuahablante, Dina Boluarte, y una nueva Constitución. Todo lo cual produjo un saldo de más de 100 muertos, mayoritariamente civiles, incluyendo menores de edad y no manifestantes, pero también militares y un policía además de cientos de heridos entre todos ellos.

La primera mujer presidente de la historia del Perú, y que “será recordada como una asesina” (p. 206), justificó la represión contra los manifestantes al calificarlos como azuzados por terroristas que quieren desestabilizar el país y tomar el poder. Lo que ahora se conoce como terruqueo y se lo utiliza para desprestigiar y criminalizar las protestas y reclamos populares (p. 97-100, 151-152, 155-156, 194, 231-234, 247-254). Y más grave aún para tildar como terrucos a los habitantes que sufrieron la subversión y la represión armadas por parte incluso de profesionales prejuiciados y fanatizados.

Hay autores que claramente interpretan todo eso como producto de la lucha de clases (p. 54-55, 67-82, 244-245), un fenómeno histórico y mundial según el materialismo histórico marxista y varios tildan de fascista al gobierno actual por las masacres (p. 18). Pero también una lo entiende también como consecuencia de un racismo que viene de la época del coloniaje español (p. 39-50) en dónde incluso se cuestionó la humanidad de los mal llamados indios, es decir, de los habitantes originarios del Tawantisuyo, el imperio inca dominado política, económica e ideológicamente por los españoles (p. 96-97). Racismo que continuó en la República (p. 173-174). Pero el racismo no es lo principal (p. 66).

También se habla de “abolir el Congreso, el Poder Judicial, controlado por las élites mafiosas, el Poder Ejecutivo, limeñizado y elitista, y desfinanciar a las fuerzas militares y policiales para transformarlas” (p. 48-49).

Una autor hace evidentemente una apreciación psicoanalítica al hablar de bio y necropolítica en relación al caso peruano (p. 256, 260, 262-263, 266-267). Y otro analiza psicológicamente su violencia (p. 268-275).

Hay quienes no dudan en decir que Castillo estaba mal preparado para ser presidente y mal acompañado y asesorado (p. 192-193), y que evidentemente no hizo ningún cambio significativo al no cumplir sus promesas electorales (p. 58-61). Y, claro, eso explica también su corrupción nimia. No obstante, ante la pública reunión, dos días antes del golpe contra Castillo, de la embajadora estadounidense Kenna, ex agente de la CIA, con Bobbio, el entonces Ministro de Defensa de (p. 100-101), se plantea la tradicional injerencia norteamericana en su patio trasero (p. 62).

Se hace referencia a la reforma agraria de 1968 del general Velasco que “liberó a los campesinos de los señores feudales” (p. 37) y que su régimen fue “un momento de recuperación de la dignidad nacional y de humanización de los pueblos originarios y de la clase trabajadora” (p. 42) pero no se menciona la masacre producida durante tal gobierno militar en 1969 de 100 estudiantes de la provincia de Huanta en el departamento de Ayacucho a manos de los policías por protestar ante el decreto de cobrar 100 soles a los alumnos que desaprobaban un curso.

Un autor no sabe cuánto tiempo durará “este nuevo ciclo histórico” de protestas y movilizaciones (p. 205). Se puede no ser optimista de lo porvenir o, peor, no se sabe qué vendrá (p. 144). Pero es claro que las tres supuestas tomas de Lima no lograron la renuncia de Boluarte y menos aún las demás exigencias aunque atrajo a sus filas a gente que sin duda no es de izquierda como la abogada y comunicadora Rosa María Palacios.

Y aunque inicialmente la CGTP respaldó a Boluarte (p. 78-79), y luego programó un paro nacional, para que renunciara, el 9 de febrero del presente año 2023, al momento de escribir estas líneas su secretario general López ha cuestionado la invitación a las organizaciones sociales a la reunión del Acuerdo Nacional convocada por el primer ministro Otárola, para fines de agosto pues la presidenta hace caso omiso a la demanda ciudadana que pide su renuncia lo que ayudaría a la pacificación del país.

Sin duda, una medida más efectiva hubiera sido un paro indefinido de los diversos sindicatos nacionales.

 

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